Antifraude detecta infracciones muy graves en la contratación de la intermediación hipotecaria

Antifraude detecta infracciones muy graves en la contratación de la intermediación hipotecaria

 

  • La Agencia Valenciana Antifraude pone de manifiesto en una resolución que el alcalde en funciones, Joan Ribó, y los concejales del tripartito aprobaron en la Junta de Gobierno y el Pleno los pagos sin contrato a una empresa para que prestará el servicio de ayuda e intermediación entre las entidades financieras  y las personas que están en riesgo de desahucio “omitiendo la fiscalización previa de la intervención del Ayuntamiento,  omitiendo los reparos de la intervención municipal, fraccionando contratos y provocando un enriquecimiento injusto”

 

  • Las dos infracciones muy graves denunciadas por Antifraude, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, obligan a la administración en que se han cometido a anular los contratos y subsanar las irregularidades, además implican la obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente y a ladestitución del cargo público responsable, salvo que ya hubiesen cesado.

 

  • María José Catalá pide a Ribó que dé explicaciones sobre estas infracciones muy graves y que cumpla con lo marcado por la Agencia Antifraude. “Esperemos que el alcalde no haga como hizo con una anterior resolución de Antifraude a la que hizo caso omiso pese a que denunciaba un caso de enchufismo con la adjudicación fraudulenta de un puesto como jefe de sección para el servicio de Pueblos de Valencia”.

 

La concejala electa del Partido Popular, María José Catalá, ha dado a conocer hoy una resolución de la Agencia Valenciana Antifraude que declara que se ha producido una “infracción muy grave”en la contratación a dedo a El Rogle Cooperativa Valenciana del servicio de asesoramiento, mediación de intermediación hipotecaria para personas afectadas por situaciones de riesgo residencial que puedan derivar en pérdida de la vivienda habitual. ( Se adjunta resolución de Antifraude)

La Agencia Antifraude, en un informe emitido el pasado 9 de abril, resolvía que en los contratos menores y procedimientos de contratación sin publicidad consecutivos adjudicados desde la concejalía de Vivienda del tripartito de Ribó a El Rogle entre 2016 y 2017, por valor de más de 37.000 euros, “se produjeron infracciones muy graves”.

La resolución de Antifraude determina que en la contratación de El Rogle se incurrió en irregularidades como el fraccionamiento de contratos, el enriquecimiento injusto, la omisión de la fiscalización previa y se obviaron los reparos e indicaciones de suspensión de la intervención del Ayuntamiento.

Catalá ha explicado que la privatización del Servicio de Intermediación Hipotecaria llevada a cabo por la exportavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Valencia, María Oliver, con la aprobación del alcalde en funciones Joan Ribó, “pone al descubierto la gran mentira del discurso del tripartito en defensa de la administración pública y supone que los valencianos tengamos que pagar  más del doble de lo que costaba este servicio cuando lo llevaba el Colegio de Abogados de Valencia”.

“También es alarmante, aunque haya sido la tónica habitual en la gestión de Ribó y sus socios del tripartito, que un servicio necesario y previsible, como es la intermediación hipotecaria, se adjudicara en su momento a dedo”. De hecho,  ha proseguido, “la intervención municipal se lo recriminó a la concejala de Vivienda cuando pretendía volver a contratar de nuevo a dedo a El Rogle y cuando trató de tramitar un procedimiento negociado sin publicidad repleto de posibles irregularidades, tal y como ha dejado constato la Agencia Antifraude”.

“Es muy grave que el servicio se esté prestando con un coste elevado, favoreciendo a una empresa privada determinada que en su web presenta unos contenidos sobre sus simpatías políticas, y además que se hiciera en su momento en detrimento de una entidad de carácter público como es el Colegio de Abogados”, ha manifestado.

En su resolución,  la Agencia Antifraude señala que las irregularidades detectadas en la contratación de este servicio público suponen“un infracción muy grave según lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en su artículo 28, c) y d), por lo que la Administración debe exigir las responsabilidades disciplinarias que pudieran resultar procedentes previo expediente informativo y así conocer las circunstancias que concurren en la actuación realizada por el Servicio gestor”

 La comisión de estas infracciones muy graves previstas en el artículo 28 y conllevará las siguientes sanciones reflejadas en el artículo 30:

  • La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.
  • La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
  • La declaración del incumplimiento y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial que corresponda..
  • Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente.